#NiCensuraNiCandados – Toda persona tiene derecho para acceder a la cultura y a sus beneficios, así como a disfrutar de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia.
– Comisión Nacional de Derechos Humanos (México)
TXT:: Carlos Fuentes Ochoa
¿Por qué tanto alboroto?
Alguien me preguntó sobre mi alboroto frente a las modificaciones realizadas a la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) realizada el pasado 1º de julio. ¿Por qué tanto alboroto? me preguntaba un amigo que vio alguna de mis publicaciones en Twitter. Su pregunta me hizo reflexionar en lo complejo que puede ser el dar cuenta de cómo este tipo de cambios afecta a la tecnología que utilizamos día con día y, en consecuencia, los posibles impactos que puede tener en nuestra cotidianeidad. La normalización del uso de ciertas tecnologías entre algunos grupos de personas nos ha alejado de los procesos y redes que producen las regulaciones sobre esas tecnologías, tecnologías mediante las que nos entretenemos, expresamos, trabajamos, aprendemos, enamoramos, convivimos, etc. La reflexión me llevó a establecer un paralelismo entre lo vivido a partir de la promulgación de esta legislación y la edad media.
Conocimiento prohibido
Guardando las justas proporciones y dándome algunas licencias, propongo un reduccionismo para comentar mi reflexión. Podemos pensar en la existencia de dos grupos de personas que vivieron durante la edad media europea (y dada la invasión europea a nuestro continente, también en nuestras tierras): las que tienen derecho de acceso a la producción y consumo de conocimiento y las que no lo tienen. Durante este período histórico, el primer grupo era representado por sectores de la Iglesia Católica mientras que el otro, queda representado por las personas ajenas al clero. El primer grupo tenía una gran cantidad de poder sobre el segundo, en gran medida por ser ellos quienes poseían conocimiento sobre múltiples aspectos de las realidades humanas. Este conocimiento les permitía dictar cómo debía ser la vida del segundo grupo; el poder determinar qué es lo que pueden saber y hacer de unos sobre otros generó un gran desbalance de poder, el cual, en muchos sentidos, se convirtió en la fuente de múltiples injusticias.
Algunas órdenes religiosas eran las encargadas de producir y diseminar el conocimiento que representaba ventajas para la Iglesia Católica e igualmente, tenían la capacidad de estudiar otros saberes, producidos por otros grupos de diversas etnias, religiones, regiones, tiempos, etc. Cuando alguno de estos saberes podía ser domesticado para sostener y alimentar al paradigma cristiano, se le quitaban las partes ‘incómodas’, las que pudieran convertirse en fuentes de crítica y se ‘cristianizaba’ ese saber para incluirlo en la doctrina, haciéndolo amistoso con la gran narrativa. Por otro lado, cuando la investigación y el estudio se cruzaba con alguna forma de saber divergente o ‘incómoda’ para el mantenimiento del dogma, se prohibía, y la persona que fuera descubierta estudiándolo, recibía penas que a la luz de la época actual consideramos barbáricas.
Para ejemplificar lo anterior, basta revisar las listas de libros prohibidos por la Iglesia. Durante 1559 el Papa Pablo IV publica su índice de libros prohibidos, el cual, según Paul Grendler, profesor emérito en el departamento de historia en la Universidad de Toronto; marca un punto de inflexión para la libertad de investigación dentro del mundo católico. El índice Paulino experimentó diversas modificaciones hasta llegar a su forma estable llamada “Librorum Prohibitorum et Expuratorum” el cual, tenía más de mil páginas donde se condenaban frases, autores o imágenes y a los libros que las contenían. El índice incluía libros como el “Des revolutionibus orbium coelestium” en el cuál Copérnico cuestiona la teoría geocéntrica; los trabajos de Galileo y posteriormente las obras de Descartes y Hobbes. El férreo control sobre los saberes era parte estructural de las injusticias que menciono arriba, el dejar a la mayoría en la ignorancia produce dependencia, la cual se transforma en dominio. Como célebremente lo expresó Aaron Swartz en su “Guerilla Open Accesss Manifesto”:
La información es poder. Pero, como con todo el poder, existen algunos que lo quieren reservar para si mismos. La herencia científica y cultural del mundo, publicada por centurias en libros y diarios científicos, […] ha sido enjaulada por un puñado de corporaciones privadas.
Librorum Prohibitorum et Expuratorum y la Ley Federal de Derechos de Autor
Pienso que, nuevamente y con justa medida, la existencia del “Librorum Prohibitorum et Expuratorum” puede funcionar como metáfora de los preceptos y orden que imponen sobre los mexicanos las modificaciones a la LFDA. Bajo esta nueva versión de la Ley, queda prohibido:
- Eludir candados digitales (incluso cuando esta acción tiene fines de investigación o estudio).
- Modificar el hardware o sistema operativo que viene preinstalado en tus equipos.
- El uso o fabricación de consumibles genéricos para equipos (como impresoras).
- La reparación de esos equipos mediante técnicas o medios propios o independientes.
Ignorar estas prohibiciones contempla diferentes sanciones que van de multas a sentencias de hasta seis años en prisión. Así como durante el oscurantismo, este tipo de legislaciones castigan a las personas con interés en saber un poco más, en este caso no sobre temas que divergen del dogma, sino más bien, sobre las tecnologías parte de nuestra vida diaria (y más durante la cuarentena generada por la pandemia de COVID-19).
El que la mayoría de las personas tengamos acceso a este tipo de actos y saberes ‘incomoda’ a un grupo que, hoy por hoy, tiene un gran poder sobre las personas comunes: las grandes corporaciones que se dedican a crear los equipos y sistemas ‘protegidos’ por la legislación. Así como en el medioevo la Iglesia estaba alineada con el Estado, hoy vemos que la alianza es de esas corporaciones con el Estado, quien protege los intereses de estas mediante la promulgación e imposición estas leyes. Hoy día, si rellenas los cartuchos de tinta de tu impresora, le instalas Linux a tu laptop o llevas tu teléfono a que le cambien la pantalla rota en un puesto en Plaza Meave, eres un delincuente; no importa que el nuevo iPhone 12 se venda por arriba de los 27 mil pesos, que la basura electrónica esté acabando con el medio ambiente al mismo tiempo que está precarizando y esclavizando a personas en diferentes lugares del mundo o que quieras aprender sobre cómo revivir tu vieja laptop poniéndole un nuevo sistema operativo. Nuevamente, el aprender cosas prohibidas es altamente riesgoso y abre espacio a la pregunta: ¿Por qué es delito modificar algo que es tuyo?
Todos tenemos derecho a la cultura
La cultura no debe depender de la cartera, la cultura no debe ser sólo para las personas que pueden pagarla, la cultura es un derecho humano y si la única forma en la que podemos tener acceso a ella es mediante laptop con Ubuntu (aunque sea viejita, sin Windows 10 o macOS Catalina), una impresora con cartuchos rellenados o un celular con pantalla genérica, no deberíamos ser criminalizados. Gracias en gran medida a las acciones de la coalición #NiCensuraNiCandados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, interpuso una acción de inconstitucionalidad frente a las modificaciones. Aún hace falta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifique dicha inconstitucionalidad. Esperemos que hagan su trabajo con el interés de la ciudadanía en mente. Por un derecho a aprender y por un derecho a reparar, exigimos una legislación sin censura y sin candados.